La fiscalía federal imputó a Esteban Lindor Alvarado por dirigir una asociación ilícita dedicada al narcotráfico, contrabando y lavado de activos desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, con la participación de su hijo y dos abogados, entre otros imputados.
La fiscalía federal imputó a Esteban Lindor Alvarado por liderar una asociación ilícita destinada al narcotráfico, contrabando y lavado de activos, según informaron fuentes judiciales. Alvarado se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza desde febrero de 2024, bajo un régimen de alto riesgo.
La investigación, a cargo de los fiscales federales Matías Scilabra, Diego Alejo Iglesias y Diego Velasco, y con el juez Carlos Vera Barros, involucra a 12 personas con roles definidos. La estructura operaba en Rosario, Roldán, Funes y Granadero Baigorria, con proyecciones hacia Buenos Aires, Córdoba y Paraguay.
Según la imputación, Alvarado conservaba el mando absoluto de la organización: decidía el destino de los fondos, fijaba condiciones financieras, exigía rendiciones semanales de cuentas, resolvía conflictos internos y aprobaba altas y bajas en la organización.
Su hijo, Santino Valentín Alvarado, es señalado como organizador extramuros y ejecutor de las directivas de su padre. Administraba el aprovisionamiento, fijaba precios y cantidades de droga, aportaba vehículos y coordinaba al grupo operativo, además de servir como puente de comunicación con el penal.
María Fernanda Rojas está imputada por la administración financiera: percibía y custodiaba los réditos de la «cartera de préstamos a interés» y negocios de alquileres, coordinaba pagos a allegados y mantenía comunicaciones clandestinas frecuentes con el líder.
El abogado Claudio Tavella fue imputado por utilizar su rol de defensor técnico para ejecutar funciones ajenas a la profesión, constituyéndose en el canal estable de transmisión de órdenes entre el penal y la calle, además de coordinar estrategias defensivas comunes para alinear a los coimputados. Tavella ya cumplió condena por formar parte de la banda de Alvarado.
El brazo operativo incluía a Ignacio Matías Aranda, Gino Cacciatore, Alexis Leonardo Valda, Julián Ignacio González, Jeremías Eloy Toloza, Valentino Adrián Caicoya, Luis Daniel Palavecino y el abogado penalista porteño Martín Fabio Castillo, según el detalle de la imputación.
La investigación documentó operaciones vinculadas a la Ley 23.737, entre ellas un frustrado vuelo clandestino desde Bolivia interceptado en Paraguay con más de 430 kilos de cocaína en marzo de 2024; una operación paralela para introducir unos 300 kilos de cocaína a través de pistas rurales clandestinas; y maniobras de compra y traslado de marihuana desde Córdoba hacia el cordón metropolitano de Rosario.
La organización utilizaba una flota cambiante de vehículos de alta gama, inmuebles de guarda como condominios en Funes y una red de testaferros para las maniobras financieras y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo con la imputación.