La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió datos a la Secretaría General de la Presidencia sobre el vuelo a la Argentina Week. En paralelo, la justicia federal indaga el patrimonio del vocero presidencial.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanzó con nuevas medidas en la investigación sobre un viaje oficial a Nueva York y solicitó información clave a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. El objetivo es determinar si existió alguna irregularidad en el traslado presidencial a la Argentina Week, donde también viajó Bettina Angeletti, esposa del vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La investigación, de carácter administrativo, fue iniciada hace más de veinte días por el fiscal general Sergio Rodríguez. La PIA solicitó a la dependencia que conduce Karina Milei la nómina completa de pasajeros del vuelo, los costos y todos los datos vinculados a la operatoria del traslado oficial. Uno de los puntos bajo análisis es si correspondía que la esposa de Adorni viajara en ese avión.
En paralelo, la justicia federal mantiene abierta otra pesquisa sobre Manuel Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Este expediente indaga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a 17 viajes y la compra de tres propiedades. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó la existencia de un «desproporcionado incremento patrimonial».
Según los datos incorporados a la causa, se analizan los detalles de varios viajes, incluido el regreso desde Nueva York el 14 de marzo de 2026, donde los tickets de Adorni y Angeletti costaron 4.910,35 y 5.154,55 dólares respectivamente. Desde la Casa Rosada explicaron que el pasaje del jefe de Gabinete fue cubierto por el Estado y que «los ministros viajan siempre en primera clase», mientras que el de Angeletti fue abonado por el propio funcionario.
La fiscalía busca determinar si existe respaldo económico suficiente para justificar estos y otros gastos, como un viaje en vuelo privado a Punta del Este y un traslado familiar a Aruba, en función de los ingresos del funcionario y su pareja. También se revisan operaciones inmobiliarias vinculadas a tres propiedades, cuya adquisición alcanzó los 350 mil dólares. Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones y sostuvieron que «todo quedará clarificado cuando se conozcan las últimas declaraciones juradas».