Ante la aparición de carteles y mensajes intimidatorios, el Ministerio de Educación de Santa Fe instó a la comunidad educativa a trabajar en la prevención y advirtió sobre las graves consecuencias legales y económicas de estos actos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.
Frente a este escenario, la cartera educativa convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a asumir un rol activo en la prevención, trabajando la problemática en las aulas e incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Asimismo, se instó a reforzar el diálogo en los hogares.
La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar. «Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social», se remarcó.
La Provincia informó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación y sancionado con penas de prisión. Se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil.
Desde el Ministerio de Educación se insistió en la necesidad de que los estudiantes comprendan el alcance de este tipo de acciones, en un contexto donde las redes sociales pueden amplificar su difusión y banalizar sus consecuencias. El mensaje oficial apunta a desarticular la idea de anonimato o impunidad en entornos digitales.
En paralelo, se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Otro de los ejes centrales de la advertencia está vinculado a las consecuencias económicas. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares. Este despliegue genera costos significativos para el Estado.
En ese marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores. En consecuencia, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos y la reparación de los perjuicios derivados de estos hechos.
La advertencia oficial también pone el foco en el efecto contagio que pueden generar este tipo de prácticas en redes sociales. «Las redes sociales pueden fomentar un efecto contagio, haciendo creer a los jóvenes que la virtualidad o el anonimato los exime de culpa», se señala.
Al mismo tiempo, se pide a las familias acompañar este proceso desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo claras y sostenidas con niños y adolescentes. «Solicitamos a las familias dialogar de manera urgente y contundente sobre este tema en los hogares, asumiendo el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad», concluye el documento oficial.