La mujer de 45 años continuará detenida mientras la Fiscalía y su defensa negocian un procedimiento abreviado. El fiscal Manuel Cecchini explicó los fundamentos de la medida.
La audiencia de medidas cautelares finalizó el martes con la decisión de mantener privada de la libertad a la principal imputada en la causa por el geriátrico de Santa Fe. La mujer, de 45 años, continuará detenida mientras la Fiscalía y su defensa avanzan en tratativas para resolver el caso mediante un procedimiento abreviado.
El fiscal Manuel Cecchini explicó que la medida cautelar se fundamentó en la evidencia reunida durante la investigación y en el hecho de que la acusada permaneció algunos días prófuga antes de ser detenida. Así lo confirmó su abogado defensor, Claudio Torres del Sel, quien reconoció que existe una negociación en marcha con el Ministerio Público de la Acusación. En ese eventual acuerdo, la imputada admitiría los delitos atribuidos y se establecería una pena.
“Estamos en tratativas con la Fiscalía de llegar a una solución definitiva del conflicto a través de un procedimiento abreviado que va a ser conveniente para todas las partes”, explicó el defensor. Torres del Sel evitó anticipar cuál sería la pena: “No puedo hablar de pena, de monto de pena porque es prematuro, pero sí entiendo que va a ser una pena razonable y justa para mi defendida”.
En ese contexto, las partes acordaron que el proceso quede asegurado mediante la medida cautelar más gravosa: la prisión preventiva.
Contrato de alquiler
El fiscal Manuel Cecchini explicó que uno de los elementos centrales incorporados a la investigación fue el contrato de alquiler del inmueble de Nuevo Horizonte. Ese documento permitió establecer que la mujer alquilaba el lugar y estaba a cargo de su funcionamiento. “Tenemos un contrato de alquiler, incluso tenemos una entrevista con la dueña del inmueble”, señaló Cecchini. La propiedad, agregó, ya fue restituida a su titular en carácter de depositaria judicial.
La prisión preventiva se fundamentó en los requisitos previstos por la legislación procesal, entre ellos la existencia de elementos suficientes para sostener la imputación, la pena en expectativa y el peligro procesal. En ese último punto tuvo particular importancia que la mujer permaneciera algunos días prófuga antes de ser detenida. “La dificultad para tener a una persona en un proceso penal es un elemento para entender que hay peligro de fuga y ese es un fundamento de la prisión preventiva”, sostuvo Cecchini.
El fiscal aclaró que la investigación no está cerrada. Aun cuando existe una negociación para arribar a un procedimiento abreviado, la investigación penal preparatoria continúa y podrían incorporarse nuevos elementos, testimonios o incluso surgir modificaciones en las imputaciones si el avance del expediente así lo determina.
Una investigación que sigue abierta
Durante la audiencia también aparecieron referencias a las condiciones en las que fueron encontrados los siete residentes que permanecían en el establecimiento. Cecchini explicó que la Fiscalía cuenta con fotografías, una planimetría y una inspección ocular del inmueble. Esos elementos documentaron “un montón de deficiencias de infraestructura” incompatibles con las condiciones que debían reunir las instalaciones destinadas al alojamiento de personas.
A esa evidencia se sumaron informes sobre el estado de salud de los residentes. El fiscal explicó que los médicos policiales intervinieron al momento del procedimiento realizado el 29 de julio y que posteriormente también hubo una intervención de profesionales de organismos públicos. “No se constataron lesiones”, aclaró Cecchini. Sin embargo, señaló que sí se evaluó el estado de salud de las personas encontradas en el lugar y que existen informes elaborados a partir de esas intervenciones.
La Fiscalía también solicitó información a PAMI para determinar qué prestaciones habían solicitado los residentes y cuáles habían recibido. En cuanto a ANSES, Cecchini precisó que dentro del lugar fueron secuestradas algunas cartas poder, otro de los elementos que forman parte del análisis del expediente.
Riesgo para la salud de los alojados
El fiscal evitó adelantar conclusiones sobre las historias clínicas de los siete residentes. No obstante, al describir el escenario investigado sostuvo que existía un riesgo para la salud de las personas alojadas.
La causa también contempla testimonios de víctimas y otras personas que estuvieron vinculadas con el funcionamiento del establecimiento. Consultados sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos responsables, Cecchini respondió que esa circunstancia “está todo siendo investigada”.
También se le preguntó por la situación procesal de otro imputado y si la evidencia reunida podría modificar su responsabilidad. El fiscal admitió que eso podría ocurrir en la medida en que avance la investigación, aunque aclaró que, por el momento, no es la intención de la Fiscalía modificar su imputación.
Durante la jornada se generó una confusión respecto de un hombre que había sido víctima del funcionamiento del establecimiento y que se encontraba en las inmediaciones de Tribunales. Cecchini aclaró que no se le había impedido declarar. El fiscal explicó que mantuvo reuniones con esa persona, cuya identidad decidió preservar por razones de intimidad, incluso en el dispositivo Beata Clara de la Municipalidad de Santa Fe, donde actualmente se encuentra alojado.
Respecto del inmueble ubicado en Cabaña Leiva que también fue inspeccionado, Cecchini marcó una diferencia: por ese lugar no se formularon imputaciones penales. Según explicó, allí intervinieron la Municipalidad y organismos provinciales responsables del control de las condiciones de este tipo de establecimientos.
Mientras tanto, la situación de la mujer de 45 años quedó definida por la prisión preventiva. En paralelo, Fiscalía y defensa iniciaron una negociación que podría desembocar en un juicio abreviado. La eventual pena todavía no fue acordada y la investigación continúa abierta hasta que, si finalmente prospera el acuerdo, se encuentre en condiciones de ser presentado ante la Justicia.